Los jóvenes con discapacidades diferentes también tienen derecho a la educación superior
Como parte del IV Festival Nacional de Publicaciones Educativas Índice Nicaragua 2023, la doctora María José Parejo Guzmán y el doctor David Cobos Sanchiz, docentes titulares de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, España, impartieron dos ponencias magistrales en que analizaron la responsabilidad de los Estados y de las universidades en garantizar la educación superior a los estudiantes que padecen de discapacidades.
Las ponencias de los docentes españoles fueron “La Dimensión Social en la Educación Superior” y la “Normativa vigente en materia de Educación y Discapacidad” en España, un derecho establecido en la Constitución española, en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), y en la carta de la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación– UNESCO- que establece el derecho a la educación para todos y sin discriminación.
Las video conferencias fueron transmitidas en línea la mañana del 21 de noviembre de 2023 a docentes de las facultades nacionales y regionales multidisciplinarias de UNAN – Managua desde el Recinto Universitario Cornelio Silva Argüello de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Chontales (UNAN FAREM Chontales), de las universidades integrantes del CNU, del Instituto Tecnológico “Josefa Toledo de Aguerri” y del Ministerio de Educación de Juigalpa.
La conferencia fue inaugurada por las maestras M.Sc. Karla Patricia Acebedo, Vicedecana de la UNAN FAREM Chontales; y la doctora Elvira Maritza Andino, Rectora de la Universidad Nacional Politécnica de Managua.
Urbanismo Estratégico
El maestro Cobo Sanchiz explicó se debe desarrollar estrategias urbanas para sumar a la juventud a los proyectos sociales, de integración y al desarrollo de la comunidad, lo que contribuye a la formación profesional y práctica de los estudiantes.
Los estudiantes universitarios transformando a sus comunidades
Las universidades también pueden contribuir a las transformaciones sociales formando profesionales, sino también promoviendo el voluntariado social, con el objetivo que hombres y mujeres trabajen en la búsqueda de solución a los problemas sociales de las comunidades y hasta del país.
Aunque analizó que en esa experiencia que desarrolla la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, se han encontrado debilidades que hay que superar, entre estas que quienes más se integran a las tareas sociales son las mujeres.
Abrir las universidades a los adultos mayores
Otra estrategia de relación con la comunidad que desarrolla la UPO es el programa Aula Abierta a los Mayores, entendiendo que ellos aportaron a la educación de la juventud, pero ellos no gozaron del derecho a la educación, sobre todo de la Educación Superior.
Explicó que hay muchas personas mayores que siempre mantienen el sueño que lograr alguna formación, lo que contribuye a que ellos se sientan felices al sentirse útiles para la sociedad y, de esa manera, también se reducen los costos de atención médica.
Dar acceso a la educación superior a los jóvenes con discapacidades diferentes
El otro tema abordado y considerado como un reto de la educación superior fue La Diversidad Funcional, analizado desde la óptica del derecho de los jóvenes que padecen discapacidades a la educación superior, entendiendo que todo joven tiene el derecho constitucional, social y humano estudiar una carrera profesional.
Este tema fue abordado por la Doctora María José Parejo Guzmán, docente de derecho de la UPO, quien explicó que todos los jóvenes que padece de discapacidades pueden formarse en la carrera profesional deseada, si se les abren las puertas de las universidades.
Todo joven con discapacidad puede estudiar una carrera profesional, basta ayudarle
La doctora Parejo Guzmán expresó que todas las personas enfrentan discapacidades y necesitan ser ayudados, porque todas las personas son iguales desde la diversidad, pero también conforme los derechos y obligaciones del Estado con la ciudadanía y con quienes tienen discapacidades.
Ella analizó esta situación desde los derechos ciudadanos establecidos legalmente por el Estado español, conforme la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y en los artículos 3, 4, 5, 9, 24 y 26 de la UNESCO, que establecen el derecho a la educación en todos sus niveles para todos los ciudadanos, sin discriminar a nadie.
